Estamos luchando para ampliar nuestra voz colectiva en todo el país, que se une al sentimiento de la sociedad brasileña y del presidente Lula en la defensa incondicional de la soberanía nacional, amenazada por el imperialismo y las acciones de Donald Trump.
Sin embargo, la amenaza a nuestra soberanía popular y nacional también proviene del interior del propio país, con la subordinación de nuestra agricultura a las empresas transnacionales y con las acciones del Poder Legislativo, representante de los intereses del agronegocio y la minería.
La Reforma Agraria es un instrumento de defensa de las tierras del país, en contraposición al agronegocio entreguista, golpista, saqueador y antipatriótico. La soberanía nacional solo es posible con la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria se construye con la agricultura familiar campesina y con la Reforma Agraria.
Por eso, el Movimiento Sin Tierra sale a las calles en defensa de la soberanía nacional y de la Reforma Agraria. Luchamos por la tierra, la vivienda, el crédito y la educación en el campo como políticas para fortalecer la agricultura brasileña y como derechos básicos y esenciales que deben garantizarse a las familias asentadas y acampadas.
La defensa de la Reforma Agraria Popular —más allá del enfrentamiento contra el latifundismo y la concentración de tierras, tal y como se prevé en la Constitución— es una lucha por una sociedad justa, soberana, libre de explotación y opresión, y un proyecto para hacer frente a la expoliación de la naturaleza que se está produciendo.
La concentración de la propiedad de la tierra sigue siendo una de las principales causas de la desigualdad en nuestro país, siendo la tierra uno de los patrimonios más importantes protegidos por las élites – y su disputa, motor de tensión permanente, violencia y ataques a los derechos de la naturaleza y de sus pueblos.
Por esta razón, repudiamos:
- La acción de la Cámara de Diputados que, en contra de la urgencia climática, aprobó el Proyecto de Ley 2.169/2021, el llamado «PL de la devastación», un ataque directo a la naturaleza y a sus pueblos;
- La aprobación del PL 8262/2017, que permite la acción policial sin orden judicial en ocupaciones en el campo y en la ciudad. Proyecto de ley que puede someterse a votación directamente en la plenaria de la Cámara, sin que haya un debate profundo con la sociedad sobre el tema. Tal propuesta viola todos los derechos y preceptos jurídicos relacionados con el derecho a la movilización social;
- La permanencia de la Instrucción Normativa n.º 112, editada en los últimos momentos del gobierno de Bolsonaro, que facilita la minería y las grandes obras en proyectos de asentamientos rurales.
Después de más de tres años de gobierno de Lula, la Reforma Agraria sigue paralizada, y las familias acampadas y asentadas se preguntan: Lula, ¿dónde está la Reforma Agraria?
¡Somos miles de sin tierra! Son más de 122 mil familias, organizadas en 1250 campamentos en todo el país, que necesitan tierra para trabajar y vivir.
Alrededor de 400 mil familias asentadas siguen esperando políticas públicas que existen, pero que no llegan a la base, para mejorar la producción de alimentos y el desarrollo de los asentamientos.
Miles de jóvenes desean quedarse y contribuir al desarrollo del campo, pero no tienen condiciones para cursar estudios superiores, debido a la falta de presupuesto suficiente para llevar a cabo el Programa Nacional de Educación en Áreas de Reforma Agraria (PRONERA).
La lentitud del Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), no hace más que aumentar el desánimo y potenciar aún más los conflictos sociales.
En relación con los asentamientos, los programas estructurantes para el desarrollo humano, social y económico de las áreas de Reforma Agraria —como el Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF A), el PRONERA y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)— no han recibido los recursos necesarios y urgentes.
En lo que respecta al Ministerio de Educación, es necesario garantizar las condiciones presupuestarias para que la Política Nacional de Educación del Campo, las Aguas y los Bosques (Pronacampo) trabaje para superar el intenso y acelerado proceso de cierre de las Escuelas del Campo y los retos infraestructurales, formativos y pedagógicos de la Educación del Campo, combinado con el fortalecimiento del proyecto territorial campesino.
Hemos logrado en las calles y en las urnas una importante victoria para el pueblo brasileño al elegir a Lula como presidente. Las fuerzas populares —mujeres, negros y negras, juventud, personas LGBTI+, pueblos originarios y la clase trabajadora del campo y la ciudad— fueron protagonistas de esta victoria.
Estamos comprometidos con la campaña por la tributación de los súper ricos y la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, que unificó al conjunto de las fuerzas progresistas en torno al Plebiscito Popular por un Brasil Más Justo.
Seguiremos movilizando a nuestra base social para garantizar la soberanía nacional, la democracia y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además de denunciar las agresiones que nuestro país está sufriendo por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Nuestras banderas se alzan nuevamente para exigir la Reforma Agraria Popular como un camino necesario para la construcción de un país soberano, comprometido con la protección ambiental, con la redistribución de la riqueza y con combate a la desigualdad social.
Por esta razón, exigimos que el Gobierno se comprometa, de manera real y efectiva, con la asignación de tierras y recursos acordes con las necesidades concretas de las familias campesinas. Por lo tanto, confiamos en el compromiso histórico del presidente Lula de orientar a sus ministerios para que actúen más rápidamente en esta dirección.
¡No podemos más posponer nuestros logros!
Brasilia, 21 de julio de 2025.
